La Gestión y el Rectorado aprobaron restricciones al Reglamento de Concursos de Auxiliares

En su sesión del martes 20 de julio, el Consejo Directivo de Filosofía y Letras aprobó, con el voto de mayorías y minorías de profesores y graduados (sólo votaron en contra los estudiantes), una serie de reformas al Reglamento de concursos de docentes auxiliares. Lo hizo en pleno receso, sin difusión entre los docentes y estudiantes que son los principales afectados, y con un apuro que llevó a manifiestas desprolijidades en la sesión. La gestión de Trinchero estableció de esta manera un conjunto de cambios importantes a dicho Reglamento. La oposición a estas modificaciones y el reclamo de una postergación de la decisión para poder difundir la situación entre los afectados, fue sostenida por el CEFyL, la representación estudiantil y otras agrupaciones presentes, y por la Agrupación Naranja (actual minoría en la Comisión Directiva de la AGD-Filo). La conducción de AGD Filo, en cambio, que no difundió el problema entre los docentes ni sacó ningún comunicado público antes —ni después— de la sesión, se limitó a justificar las reformas aprobadas por la gestión.

Lo ocurrido en la última sesión del Consejo tenía algo de dejà vu para muchos de los presentes. Ocurre que la gestión de Trinchero ya había intentado votar a las apuradas un proyecto de Reglamento en pleno receso, a fines de 2007. En aquella ocasión la rápida respuesta de la AGD-Filo (entonces dirigida por la Naranja) y la movilización de docentes y estudiantes al Consejo no solo impidieron tal intento, sino que abrieron un proceso de discusión para el rearmado del proyecto, llevando el debate a los departamentos y a la gremial docente, desde donde participamos activamente en su conformación. El Reglamento finalmente aprobado no representa una solución a los problemas de los docentes (ver el documento al respecto que presentó la Agrupación Naranja), pero contiene algunos puntos progresivos que están sujetos al modo en el que se implementen luego los llamados a concurso.

En las últimas semanas, la Facultad recibió un dictamen de la asesoría legal del Rectorado —que no ha sido difundido públicamente— que “rechazaba” el nuevo Reglamento sobre la base de considerar que iba en contra de una normativa del año 1987 (que la gestión de Filo decía desconocer al momento de elaborar su propuesta) y que “reclamaba” la modificación del mismo en tres aspectos: 1) la conformación de los jurados, en tanto el Rectorado considera inadmisible la participación de estudiantes en los mismos; 2) la reducción de los plazos de regularidad a tres años en el caso de los JTP y ayudantes de primera y dos en el de los ayudantes de segunda; 3) la modificación de las condiciones de promoción, en tanto se cuestionó la posibilidad de acceder a un cargo superior por la vía de un informe.

La gestión de la Facultad no intentó, bajo ningún aspecto, defender el proyecto aprobado después de tanto debate y discusión, y se apuró a hacer las modificaciones regresivas solicitadas por el Rectorado. En pleno receso y evitando la difusión entre los afectados (los docentes, que verán reducidos los plazos de regularidad y cerrada la posibilidad de promocionar sin concurso; los estudiantes, que son excluidos del jurado), la gestión modificó el Reglamento, estableciendo que los jurados estarán compuestos por tres profesores y dos graduados o auxiliares (mientras que en la propuesta anterior la composición del jurado era de 3 profesores, 3 graduados y 3 estudiantes), aceptando lisa y llanamente la reducción de los plazos de regularidad y “suspendiendo” por el momento la posibilidad de realizar concursos de promoción. Un Reglamento que había sido el resultado de años de debate y movilización fue modificado en un sentido regresivo, entre gallos y medianoche, y en pleno receso.

La conducción actual de AGD Filo: un silencio cómplice

La completa adaptación a las imposiciones del Rectorado no fue exclusiva de la gestión de la Facultad. La conducción actual de AGD-Filo (Lista Violeta) fue absolutamente cómplice de las modificaciones regresivas impuestas por el decanato. La conducción de AGD-Filo no difundió el problema entre el conjunto de los docentes ni impulsó una convocatoria para discutir el modo de actuar frente a las modificaciones propuestas por la gestión. Lo cierto es que la Lista Violeta, que en su programa para las recientes elecciones proponía “construir puentes de comunicación más fluidos con el conjunto de los docentes”, garantizó la absoluta inexistencia de esos "puentes" durante los días críticos que precedían a la sesión del Consejo Directivo, manteniendo un silencio atronador sobre el problema.

En la sesión, la intervención del Secretario General de la AGD Filo resultó aún más lamentable. Octavio Colombo dedicó la mayor parte de su breve discurso a atacar a la Agrupación Naranja, victimizándose ante el Decano de ser objeto de acusaciones falsas, ya que la Violeta habría “informado de todo lo que sabía a la Comisión Directiva de AGD-Filo”. Más allá de que en la reunión de la Comisión Directiva el Secretario General no informó ni el alcance de las reformas ni la rapidez con las que serían llevadas adelante (todo era tentativo en ese momento), lo que no hizo, claro está, fue informar del problema al conjunto de los docentes de la Facultad, ni difundir la gravedad del asunto, ni convocar a la sesión del Consejo Directivo, como sí lo hizo la Agrupación Naranja.

El resto de su intervención fue aún más penosa: Colombo argumentó, literalmente, que era “imposible hacer nada” dado que existía una “resolución del Rectorado” y un dictamen de un abogado que reclamaba modificar el Reglamento. Que esa resolución es ambigua fue señalado por otros de los presentes en la reunión, pero no por Colombo, que aceptó la interpretación regresiva hecha por el abogado del Rector sin consultar al abogado laboralista de AGD-UBA, ni la posición de los docentes de Filo. ¿Cómo se puede defender así los derechos de los trabajadores?

A continuación el Secretario General justificó los cambios implementados por la gestión festejando que “al menos otros aspectos no han sido cuestionados” por el Rectorado, y concluyó aceptando las modificaciones como un hecho consumado porque “la opinión mayoritaria se ha volcado en ese sentido” (sic). Posiblemente no advirtió la magnitud de su disparate: considerar que la “opinión mayoritaria” son las decisiones tomadas entre cuatro paredes, en pleno receso, por un puñado de representantes elegidos a través de mecanismos antidemocráticos, es propio de quien definitivamente no considera la necesidad de democratizar la universidad en conjunto con el movimiento estudiantil. La frustración de los consejeros del claustro estudiantil, varios de los cuales pertenecen a agrupaciones que apoyaron a la Lista Violeta, hablaba por sí sola: en plena sesión, la conducción de AGD-Filo había manifestado abiertamente su rechazo a reclamar una postergación de los cambios para defender el Reglamento votado el año pasado y sus aspectos progresivos.

Los docentes de la Naranja pedimos la palabra en la sesión y exigimos, en consonancia con lo planteado por el claustro estudiantil, el CEFyL y otras agrupaciones, prorrogar el tratamiento, darle difusión y consultar al abogado laboralista de AGD-UBA para poder defender legalmente el Reglamento de Filo frente a los dictámenes del Consejo Superior.

La AGD-Filo debería haber comunicado la situación a los docentes, llamar a asamblea, movilizar al Consejo Directivo; dicho de otro modo, debería haber puesto en primer lugar la lucha contra las arbitrariedades de las reglamentaciones, que siempre son aprovechadas por las autoridades universitarias para poner en cuestión los derechos de estudiantes y docentes. La conducción de AGD-Filo, la Lista Violeta, eligió sin embargo adaptarse al Rectorado y a la gestión en contra de la participación de los docentes.

Para poder hacer frente a estas maniobras, desde la Agrupación Naranja invitamos a los docentes a participar de las reuniones de la Comision Directiva de AGD-Filo y reclamamos la convocatoria a una asamblea docente para tratar este tema; en ella propondremos trazar un plan de acción para reclamar la anulación de las modificaciones recientemente votadas en el Consejo Directivo.